Caspe 22 Diciembre 2009
Los grupos municipales de Partido Popular y Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Caspe, han solicitado en la Comisión Especial de Cuentas que las correspondientes a los años 2006 2007 y 2008 sean trasladadas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que fiscalice y delimite posibles responsabilidades.
Juan Manuel Lizarbe por el Partido Popular y Carlos Alastuey por el Partido Aragonés presentaban ante la Comisión un escrito por el que solicitaban que las cuentas de los años 2006 2007 y 2008 se trasladaran a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que este delimite si hay responsabilidades contables y políticas en las cuentas de los años mencionados.
“Ambos Grupos Municipales no estamos por la labor de aprobar una extrajudicial de 3.000.000 euros. Esto lleva una responsabilidad política clara. Nosotros, con el objeto de tener claro que las posibles irregularidades solamente son de carácter meramente contable, además de las responsabilidades políticas, queremos tener constancia de que no existen otras de otro tipo.”
Ambos grupos han reiterado en varias ocasiones su disconformidad con la deuda extrajudicial que se pretende reconocer con la aprobación de las cuentas citadas y que ascendía a más de tres millones trescientos mil euros. Consideran que esta situación lleva una responsabilidad clara y quieren tener la seguridad de que no hay más irregularidades que las contables, por ello piden que se depuren responsabilidades a través del Tribunal de Cuentas".
Los dos grupos manifiestan que las irregularidades se han producido por una gestión económica y financiera alejada de las mínimas normas contables y han sido los años 2000 a 2007 los que han producido la totalidad de la deuda extrajudicial.
Ante una situación como esta en la comisión de hacienda celebrada el día 22 de Diciembre hacían la petición que salió adelante con los votos favorables de los grupos proponentes PP y PAR a los que se unió el grupo independiente Compromiso por Caspe (CPC) y con los votos en contra del grupo PSOE.
Ahora y dada la votación las cuentas de los años 2006 2007 y 2008 deberán ser remitidas al fiscal del tribunal de cuentas para que las revise y delimite si hay responsabilidades tanto contables como políticas.
